Demandan al gobierno de Puerto Rico por impago


-San Juan- Los acreedores de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina, por su sigla en inglés) de Puerto Rico presentaron hoy ante el Tribunal federal en San Juan las primeras demandas contra el Gobierno tras el fin de la moratoria para pleitos judiciales que establece la Ley Promesa.

La iniciativa supone el pistoletazo de salida a la esperada oleada de demandas judiciales que el Ejecutivo que liderada Ricardo Rosselló teme empiecen a llegar al Tribunal federal a partir de hoy, un nuevo quebradero de cabeza que sumará el Ejecutivo, que ahora deberá litigar con los acreedores.

El Congreso estadounidense aprobó el pasado mes de junio la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por su sigla en inglés), que incluía una moratoria para que los tribunales acogieran demandas por impago de la deuda que ha estado vigente hasta hoy.

EEUU trató con ello que el Gobierno de Puerto Rico llegará a un acuerdo amigable con los acreedores, tal y como establece el título VI de Promesa, para evitar la distracción que supondrán demandas millonarias interminables que pueden restar energías al Ejecutivo en su esfuerzo por salir de la crisis.

La demanda, contra el Gobierno y Junta de Supervisión, de hoy fue presentada por Ambac Assurance Corporation, la aseguradora que cubre el pago de los bonos de Cofina, y de grupos e individuos tenedores de títulos que exigen el pago de la totalidad de lo acordado.

Ambac señala en la demanda que el objetivo es detener una serie de actos inconstitucionales e ilegales que ha utilizado el Gobierno de Puerto Rico en la gestión de su política financiera.

La demanda señala además que la Junta de Supervisión Fiscal establecida por Promesa, creada a instancias del Congreso de EE.UU., ha dado su aval a un esquema de violación de la ley que la aseguradora considera intolerable.

Cerca de 16.000 millones de dólares en deuda de Cofina fue vendida con fuente como respaldo del pago en los vencimientos de los ingresos del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU).

La demanda denuncia que el actual Plan Fiscal del Gobierno que certificó la Junta de Supervisión Fiscal han dañado los derechos constitucionales de los acreedores, ya que destina a otros fines fondos que tendrían que estar reservados para los tenedores de los bonos de Cofina, además de no estipular que se pague la totalidad de lo adeudado.

La demanda exige la enmienda del Plan Fiscal y acceso a información financiera que denuncian es opaca por parte del Gobierno.

El primer pleito se produce sin que de momento se tenga noticias de que la Junta de Supervisión Fiscal haya decido recurrir al título III de la Ley Promesa, que establece el inicio de un proceso de quiebra ordenado en los tribunales una vez que el título VI, que prevé una negociación amistosa, no ha producido resultados.